Revista Triunfo

Revista Triunfo nº730 Año XXXII

La Casa Blanca tiene un nuevo inquilino, James Carter -Jimmy para los amigos- un empresario que ha hecho fortuna con los frutos secos. Y seco es el panorama que se encuentra a su llegada al sillón presidencial. En unos Estados Unidos en los que vuelve a estar en vigor la pena de muerte -Gary Gilmore era ejecutado hace unos días en Utah- y que aún tienen que digerir Vietnam y el Watergate.

Que el Partido Demócrata gobierne de nuevo es acogido con optimismo por una masa que siempre ha estado predispuesta a poner en el pedestal a los candidatos de este partido, convirtiéndolos en nuevos mesías. El sueño que terminó en Dallas, con Kennedy, ya contaba con otros predecesores: Truman, el de las bombas atómicas, o Roosevelt, que con ciertas políticas más cercanas al socialismo que al capital logró sacar a su país de la crisis del 29, Guerra Mundial mediante.

Carter, al igual que dichos líderes demócratas de otras épocas, presume de activismo, de afrontar los grandes retos de cara a la opinión pública, sin el secretismo de sus antecesores, Nixon y Ford. No contar con Kissinger parece ya un aspecto positivo en sí mismo, pues el papel de este personaje en la expansión del Imperio a costa de los derechos más básicos es un borrón en la política estadounidense de esta segunda mitad del siglo.

Lo primero que hará Carter será sustituir a todos los altos cargos de la administración norteamericana, procedentes del Partido Republicano, por simpatizantes "demócratas". Curioso contraste con España, en la que el nuevo gobierno de Suárez se encuentra con una herencia de cuarenta años de dictadura que imposibilita un cambio tan drástico como el que pretende Carter. Y es que, con todo, EEUU sí cuenta con un sistema democrático, aunque pueda no gustarnos lo que decida su pueblo.

Sabemos que la oposición democrática pide una amnistía para todos, sin excepción, y también sin excepción, la legalización de todos los partidos políticos. Nadie concibe unas elecciones democráticas sin la presencia de los comunistas, firmes opositores durante toda la dictadura.

Otro asunto que levanta ampollas es el sistema electoral. Que se quiera otorgar a la provincia fuerza por sí misma es un movimiento perfectamente estudiado por los continuistas. En efecto, así se iguala la fuerza obrera de las ciudades, especialmente las más industrializadas, con el campo, con menor población y más fácilmente controlada por los caciques. Los partidos defensores de este pseudorrepresentación no ocultan sus espurios intereses, muy por encima de cualquier intención democrática.

Otras cuestiones menos candentes: las listas cerradas. Se considera desde la mayoría de partidos que estas primeras experiencias democráticas deben resultar sencillas para el electorado, con lo que resulta bastante más lógico que se voten candidaturas y no nombres. Algunos factores de corrección que podrían tenerse en cuenta son la posibilidad de que algunas personas repitan en listas de diferentes provincias, y también el asunto de los "restos electorales": esto es, los votos que sobran a una lista al no ser suficientes para conseguir un escaño más, pero tampoco necesarios para mantener los que ya se tienen. Una de las sugerencias es que se puedan sumar dentro de la región, de modo que los votos restantes de un partido en Burgos puedan unirse con los de Valladolid o Palencia, por ejemplo.

Por si fuera poco dentro de toda esta confusión y discrepancia, las elecciones se celebrarían con todo el aparato heredado del franquismo, lo que suscita dudas y preocupación entre los partidos. Poca garantía es que los resultados electorales dependan, en buena medida, de quienes durante cuatro décadas han proscrito toda democracia.

En el Senado el asunto es aún más peliagudo, pues el Monarca puede nombrar a dedo hasta una quinta parte de la cámara, lo que unido a la elección marcadamente territorial niega casi toda representatividad de la sociedad española.

Avanzamos, sí, y esto es más democrático que lo anterior pero ¿es democrático?

Los GRAPO secuestran a Oriol y Urquijo y la Triple A asesina a abogados laboralistas en Atocha. ETA mata en Durango y la ultraderecha en Montejurra. En este clima de violencia y sinrazón se ve obligado el gobierno a maniobrar. El fascismo cobra diferentes aspectos: ultraderecha que se resiste a perder lo que durante cuarenta años ha podido imponer, y extrema-izquierda incapaz de cambiar su rol en el nuevo escenario que los demócratas pretendemos impulsar.

El gobierno de Suárez aún tiene crédito pero debe cambiar su actitud pues la firme serenidad que estaba mostrando hasta ahora al llevar con pulso firme esta transición política, comienza a dar síntomas de impasibilidad, que es algo inadmisible en un gobernante. Con la misma fuerza que impiden manifestaciones de la izquierda o cierra imprentas por tirar pasquines comunistas, debería actuar contra aquellos que, valiéndose de su posición en el propio organigrama estatal, promueven asesinatos. El terrorismo de Estado está ahí, y quien no quiera verlo será un ciego de la política, un cínico redomado capaz de condenar el crimen de Durango y mirar para otro lado en los sucesos de Vitoria. Raro es el día que no nos despertamos con un atentado de GRAPO o ETA, los terroristas oficiales, pero también raro es el día que algún simpatizante de la izquierda no cae abatido por los disparos de un guerrillero de Cristo Rey o de algún asesino de a AAA.

Suárez debe mover ficha y demostrar que no nos encontramos a las puertas de una nueva guerra civil; que el gobierno va a ser responsable y va a saber actuar también contra quienes se amparan en cuarenta años de "todo vale" y se ocultan bajo las faldas del propio Estado.

Al mismo tiempo que se encierra a trabajadores por imprimir un periódico o que se hace la vista gorda ante el asesinato de abogados de CCOO, el gobierno se saca de la chistera una ley sobre el derecho de asociación sindical.

Con esta ley parece ser que los trabajadores, y los empresarios, podrán asociarse sometiéndose a los estatutos que cada asociación redacte. Durante los años de la dictadura había sindicatos de facto, pero todos ilegalizados, con la única excepción del afortunadamente finiquitado Sindicato Vertical. Esta enorme mentira fue socavada por organizaciones comunistas que mediante entrismo consiguieron alcanzar cierto poder -poder ficticio- en la forma de CCOO.

Ahora la clase obrera dispone de medios para defender sus derechos, si bien, como es habitual, la ley llega más tarde que la consecución real de estos objetivos, pues desde hace ya muchos meses los empresarios negocian convenios con estos sindicatos ilegales.

Desde este momento veremos movimientos entre los partidos políticos para hincar el diente en el jugoso bocado que son las asociaciones obreras: muchos votos potenciales que se puede llevar el mejor postor.

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NÚMERO ESPECIAL: SONDEO DE INTENCIÓN DE VOTO DE LAS ELECCIONES GENERALES

La revista TRIUNFO ha realizado en todas las provincias del estado español un sondeo de intención de voto durante los dos últimos días de campaña. Los líderes de los distintos partidos políticos realizaban sus últimos mítines y en las sedes centrales de cada candidatura la tensión se mezcla con la ilusión y la esperanza que todos los partidos democráticos tienen ante estos, los primeros comicios en 40 años.

Entre los resultados del sondeo podemos valorar el enorme caudal de votos que la derecha logra, a pesar de haber perdido el poder y tener ante sí la enorme carga que el franquismo pone en sus espaldas. No obstante, una posible coalición post-electoral entre PSD y CSI tendría asegurada la gobernabilidad necesaria para acometer las grandes reformas que prometieron en campaña.

AP y PSD serían los dos partidos mejor colocados para vencer, pero la Coalición 18 de Julio por un lado, y el bloque de la izquierda marxista unitaria, organizado en torno a la CSI, amenazan con desbancar a las candidaturas moderadas y de lograr un verdadero triunfo radical.

El sondeo es el siguiente:

Partido SocialDemócrata: 30.48% // 148 escaños
Alianza Popular: 25.21% // 133 escaños
Candidatura Socialista de Izquierdas: 18.46% // 53 escaños
Unión Nacional del 18 de Julio: 16.21% // 47 escaños
Unión de Centro Democrático: 3.54% // 6 escaños
Partido Monárquico Progresista: 2.11% // 3 escaños
Esquerra Republicana de Catalunya: 3.01% // 9 escaños
Partido Socialista de Andalucía: 0.98% // 1 escaño


ESCAÑOS DE LA DERECHA ESTATAL: 180
ESCAÑOS DE LA IZQUIERDA ESTATAL: 201
ESCAÑOS DE CENTRO: 9
ESCAÑOS DE NACIONALISTAS PERIFÉRICOS: 10

Como último apunte, la abstención llegaría al 47% de los votos, en parte propiciada por la campaña abstencionista del sindicato CNT, con mucha influencia entre masas conscientes del proletariado urbano.